El viernes 10 de mayo, en ciudad de Guatemala, la jueza Yassmín Barrios condenó al exdictador Efraín Ríos Montt a una pena de 80 años de prisión por los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad. Una semana después del fallo, la condena aún es comidilla internacional. En la noche de este jueves 16 de mayo, esa discusión también llegó hasta el Foro Centroamericano de Periodismo, de la mano de la periodista mexicana Blanche Petrich, cuya trayectoria como corresponsal en los conflictos de Centroamérica, Colombia y Europa del Este (y últimamente en Iraq) le han significado el reconocimiento internacional.
"¿Se deben abrir las heridas del pasado para investigar y sancionar a los reponsables de crímenes atroces?", preguntó la periodista a los dos panelistas, Terry Karl, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Stanford, y Diego García Sayán (Perú), abogado presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El relato sobre la condena de Ríos Montt en Guatemala dio pie para discutir acerca de la importancia que hay en sanar "sociedades heridas".
Tanto Karl -experta investigadora y quizá la persona que mejor conoce los crímenes que el ejército salvadoreño cometió durante la guerra civil salvadoreña- como García Sayán -uno de los principales protagonistas en la reciente condena en contra del Estado salvadoreño emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el cometimiento, ocultamiento y falta de acceso a la justicia en el caso conocido como la Masacre de El Mozote- consideran que la respuesta es más que obvia. Para ambos, la encrucijada que se le viene encima no solo a los países que están enfrentándose el pasado, sino al mundo entero, es cómo hacer práctica una tendencia que en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial en Latinoamérica: la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación a las vícitmas de la guerra y de los años de represión de las dictaduras.
"En Colombia, Perú, Argentina, Chile, ahora Guatemala, con el ejemplo histórico, se ha demostrado una tendencia que apunta a una sola dirección: las sociedades están preparadas para avanzar sobre la base de la justicia, la investigación de los crímenes atroces, la sanción a los responsables y la reparación a las víctimas. La pregunta del millón es cómo hacerlo", dijo el juez. Karl acuerpó esa duda: “Ningún país va a preparar la soga en la que va a ahorcarse”, dijo, en alusión a que los Estados que tienen entre sus gobernantes a posibles violadores de derechos humanos no parecen tener motivos para desmontar sus amnistías.
Aun así, los números hablan de una moda: 39 condenas por graves violaciones de derechos humanos en el mundo en los últimos años, y un desmontaje lento pero sistemático de 357 leyes de amnistía en 129 países del mundo, explicó Karl.
El Salvador también ha entrado poco a poco a la tendencia, aunque tiene importantes taras. La condena por El Mozote es un parteaguas: en ella, la Corte ordena que se invalide la Ley de Amnistía aprobada en 1993 y que ha servidio de excusa a la Fiscalía para negarse a emprender siquiera investigaciones, pues se atienen a que está viva e impide procesar a los presuntos responsables.
Diego García Sayán, sin embargo, ante unas 100 personas reunidas en el auditorio del Museo de Arte, declaró que la única manera de interpretar la sentencia de diciembre por El Mozote es que la amnistía debe invalidarse. "¡La ley de Amnistía no está vigente!", dijo el juez, y la sala estalló en aplausos. "En esto hay que dejar de lado las ambigüedades y las incorrecciones: la Corte ya ha declarado que la ley está fuera de los lineamientos jurídicos del sistema interamericano de derechos humanos y por tanto no está vigente para el caso Mozote y otros similares. Eso es así de claro", sentenció.
El juez peruano, que a mediados de los 90 fue director de la División de Derechos Humanos de la Misión de Observadores de Naciones Unidas (Onusal), ya se había posicionado el año pasado cuando redactó su voto concurrente en la sentencia por el caso El Mozote. García Sayán, en ese entonces, adjuntó al fallo interamericano su propia interpretación de la resolución. Su texto decía así: "(Existe) incompatibilidad de las leyes de amnistía relativas a graves violaciones de derechos humanos con el derecho internacional y las obligaciones internacionales de los Estados” (... Además) las disposiciones de las leyes de amnistía que impiden la investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos carecen de efectos jurídicos y, en consecuencia, no pueden ser un obstáculo para la investigación de los hechos y la identificación y la sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos". Estas palabras fueron retomadas en el párrafo 296 de la sentencia final de la Corte IDH por el caso Mozote y este jueves, García Sayán las repitió.
Karl se encargó de reflexionar sobre la importancia social de la invalidación de la amnistía. “El problema de una ley que la gente cree que todavía existe es que genera cultura de impunidad en todo el ámbito del Estado. Es falso que por la ley de amnistía del 93 existe impunidad para siempre, eso es completamente falso. Pero lo que sí se fomenta es una cultura de impunidad: una forma de actuar, de callar, ante un pueblo que todavía tiene temor, tiene miedo”, sostuvo Karl.
García Sayán fue enfático en señalar que después de esa sentencia la pelota está en la cancha de las autoridades salvadoreñas, que hasta ahora no han hecho nada. "La Corte Interamericana declaró inaplicable la ley de amnistía para el caso de El Mozote y para otros casos similares. ¿Qué más claridad que eso para que las instancias del Estado actúen?", cuestionó.
Karl evaluó como un signo positivo que en 2003 el gobierno de Estados Unidos decidió deportar a toda aquella persona a la que judicialmente se le compruebe que en algún momento violó derechos humanos. “Estados Unidos ha cambiado, y ahora tiene ese tipo de leyes para deportar violadores de derechos humanos", dijo. En este momento al menos tres militares salvadoreños retirados enfrentan la posibilidad de expulsión por dichas razones: los exministros de Defensa Eugenio Vides Casanova y José Guillermo García, y el ex viceministro de Seguridad Inocente Orlando Montano.
¿Pero qué hacer mientras la justicia tarda y no llega? García Sayán explicó que un proceso que ha identificado la Corte Interamericana para que los Estados asuman un compromiso real para que las víctmas -"que son millares"- puedan acceder a la justicia es la justicia transicional.
"Se hace así: en el sistema interamericano de justicia hemos encontrado que los mejores procesos son aquellos que se enmarcan en la justicia transicional. Esto significa enfocarnos en tres componentes a los cuales se les debe aplicar ciertas gradaciones, dependiendo de los entornos de cada país. Estos elementos son la procuración de la verdad, la reparación a las víctimas y la justicia para las víctimas, y por ende, la aplicación de la justicia para los victimarios", dijo.
Cuando se refiere a la procuración de la verdad, habla del esclarecimiento de los hechos denunciados, el esclarecimiento sobre el paradero de las víctimas (si fueron desaparecidos) o de sus restos (si fueron asesinados). "Y esta es una verdad personal, de los familiares de las víctimas o de aquellos que sufireron en carne propia una violación. Pero también hablamos de una verdad social: el acceso a la documentación sobre esos episodios del pasado, su divulgación, el rescate de esa memoria para las generaciones futuras", dijo.
En cuanto a las reparaciones, explicó que no necesariamente se refiere a la reparación económica a las víctimas, sino a la necesidad de que los Estados asuman resarcimiento integral, como programas de atención social a las poblaciones en las que ocurrieron los crímenes.
Y sobre la aplicación de la justicia, señaló que esto se entiende como la reconstrucción jurídica de los hechos para establecer una verdad judicial, determinar quiénes fueron los responsables y emitir las sanciones necesarias. "Y tampoco, de nuevo, estamos ante un escenario único. Aquí estamos hablando de condenas para los victimarios, pero también de penas alternativas, redención de penas o la oprtunidad de que los victimarios reparen a las víctimas. Cualquiera de los caminos que se escojan deben dejar un claro mensaje: son escenarios que se alejan y que son muy distintos al escenario de la impunidad que ha gobernado en estos países", dijo.
Karl expuso, como ejemplo de una verdad descubierta en un proceso judicial que condenó en 2005 al exviceministro de Defensa Nicolás Carranza. El exfuncionario declaró sobre el papel concreto de Estados Unidos en las violaciones a derechos humanos. Después de haber escuchado testigos y haber visto las pruebas en el juicio llevado en Estados Unidos, Carranza admitió que él recibió dinero de la agencia de inteligencia estadounidense, CIA, como parte de una estrategia contrainsurgente.
Los expertos en derechos humanos identificaron dos grandes retos para la aplicación de justicia en casos de graves violaciones a derechos humanos.
Por un lado, señalaron, está el discurso de la negación, la verdad oficial o al menos, la que cuenta los hechos desde el punto de vista de quienes detentaron -y en cierta medida aún retienen- el poder en los años de los crímenes de guerra. “La memoria de la sociedad está dividida y eso es dañino, es un grave problema para un país”, dijo Karl, y en seguida puso el ejemplo de cuando en el proceso judicial por el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero en Estados Unidos, la parte acusada presentó un documento falso con sello del gobierno de El Salvador que contenía la afirmación de que la Ley de Amnistía aprobada en marzo de 1993 había sido ordenada por los Acuerdos de Paz firmados un año antes. “Existe una versión oficial, falsa, que todavía es muy fuerte ”, añadió la profesora de Stanford.
El otro gran reto que vislumbran estos dos expertos es el hecho de que aún no se ha registrado la verdadera participación de Estados Unidos, país que informes de la Comisión de la Verdad y de la Comisión Ad Hoc señalan como el gran financista de las actividades contrainsurgentes que terminaron en crímenes contra la humanidad. O, en el mismo camino, la participación de grupos económicos o de poder político que estuvieron tras bambalinas, alentando a la Fuerza Armada que diezmó poblaciones en el afán de las luchas contrainsurgentes de finales del siglo pasado.
“En los juicios que se han llevado en Estados Unidos no sale el papel de Estados Unidos. No es porque no queremos hablar de eso allá, es porque en la ley de mando militar ese país no aparece. Alguien puede decir que sí tienen responsabilidad, pero los oficiales salvadoreños dicen que no. Eso no quiere decir que sean los responsables, pero no implica que podamos hablar mucho de lo que ocurrió en realidad”, dijo Karl, quien posee documentación referente a 79 masacres cometidas por el ejército salvadoreño, información que ha servido como prueba en los juicios que se han llevado a cabo en contra de exoficiales del ejército en los Estados Unidos.
García Sayán y Karl concluyeron que los procesos judiciales a nivel internacional parecen tener una tendencia clara, pero también invitaron a ejercer una paciencia activa. Karl recordó que las sociedades con países con procesos inconclusos no pueden tener tolerancia a estos casos: “El arma de la vergüenza -de provocar a los victimarios vergüenza por sus actos pasados- no es justicia legal pero es una forma de construir una sociedad con base de justicia y moralidad”, concluyó.
